En un documento dirigido a Oscar Iván Zuluaga, el Procurador le mostró los beneficios que traería para el país el decretar la emergencia económica, entre ellos hacer claridad sobre qué tipo de delitos pueden ser atribuidos a las entidades captadoras de dinero.
De igual manera, indicó Maya, el Estado podría definir con claridad unos instrumentos legales efectivos e implementar sancioens ejemplares para los captadores ilegales.
Con el decreto se "permitiría dotar de instrumentos más eficaces a las autoridades gubernamentales para el ejercicio de las funciones administrativas, en particular, no solo a través de la imposición de medidas cautelares con prueba sumaria, sino la implementación de un proceso administrativo especial, ágil y abreviado para dar respuestas inmediatas a la ciudadanía", dice un aparte del documento.
La recomendación del Procurador General de la Nación se da porque, a su parecer, el país atravieza por una situación social y económica extraordinaria que amenaza la estabilidad financiera del país, así como también la capacidad de ahorro, pago y adquisición de bienes, y la confianza pública.
Finalmente destacó el Procurador indicó que "este Despacho considera que la situación que afronta el país no puede someterse al ejercicio de las funciones de los distintos entes de control y vigilancia en las condiciones ordinarias o normales sino que requiere de la concurrencia del Estado para asumir de manera inmediata y extraordinaria este flagelo que aqueja a la sociedad".
Por su parte, el Presidente Uribe, en declaraciones a la W radio de Caracol, no descartó acudir a la emergencia económica al decir que ahí hay un tema jurídico "no fácil de manejar" por el desplome de las pirámides.
También indicó que se propone buscar la forma para devolverle los dineros a la gente. "Hay que buscar hasta dónde es posible, por vía administrativa, devolverle el dinero a la gente. Hasta dónde a partir de qué punto hay que hacer, por una vía judicial de proceso liquidatorio que tiene unas reglas, las reglas que se imponen para liquidar para un patrimonio".
Consideró que se debe buscar un mecanismo para que "aquellos pagos que quedaren insolutos y de los cuales sean acreedores colombianos de los estratos uno y dos, el Gobierno busque un mecanismo para ayudarles".
En declaraciones radiales insistió en que "el Gobierno buscará los mecanismos para ayudarle a esos estratos...". Recordó que en el pasado reciente así se lo manifestó al padre Mario Toro "que en municipio de Sibundoy, Putumayo, ha estado al frente del tema".
Insistió que desde entonces le dijo que "el Gobierno buscaría mecanismos para ayudar a las familias de los estratos uno y dos que resultaren con saldos que no se les pueda devolver por agotamiento de los patrimonios en estas pirámides".
Reiteró que el Gobierno tiene que buscar la plata que esté escondida para tenerla a buen recaudo para devolverla por vía administrativa sus dueños.
Esta semana estalló el escándalo por la estafa a través de pirámides de inversión, especialmente de DRFE, una de las más grandes del país y que puede llegar a generar una verdadera crisis social en todo el suroccidente del país en donde recibió dinero de al menos 600.000 personas.
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